Fiscal pide 174 años para un funcionario de la SS por vender datos privados
La Fiscalía pide 174 años de cárcel para un funcionario de la Seguridad Social en Barcelona y cinco años y medio para otro funcionario del Servicio del Catastro, acusados de vender historiales laborales a una detective que posteriormente los comercializaba a terceros.
En su escrito de acusación, la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto pide también una condena de 187 años de cárcel para un jubilado que ejercía de intermediario en la compraventa de los datos personales, por los que supuestamente se pagaban entre 50 y 100 euros.
Los dos funcionarios, el intermediario y una detective que supuestamente adquiría los historiales, personalmente o a través de su despacho, permanecen imputados en una de las piezas derivadas de “Pitiusa”, la operación policial que en 2012 desmanteló una red dedicada a la compraventa de datos personales en toda España.
Según mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación, que ha avanzado hoy El Periódico de Catalunya, entre enero de 2011 y mayo de 2012 el intermediario Tomás R. se dedicó a traficar con datos de la Seguridad Social y del Catastro de Barcelona que obtenía gracias a sus contactos en esos organismos.
Entre esos contactos, añade la fiscal, figuraba el funcionario de la Tesorería de la Seguridad José Alfonso G.R., que supuestamente cobraba por facilitar al intermediario información relativa a la vida laboral y la afiliación a la Seguridad Social de las personas que este le solicitaba.
Otro de los contactos con los que presuntamente Tomás R. lograba datos sobre titularidad de bienes inmuebles es Marc D., funcionario del Catastro de Barcelona, quien según la Fiscalía también los entregaba al intermediario a cambio de una contraprestación económica.
Para Sara D., la detective que supuestamente compraba los datos reservados, que después transmitía a terceras personas con las que mantenía una relación profesional, la Fiscalía pide una condena de 68 años de cárcel.
Según la Fiscalía, el precio de la información obtenida ilícitamente era de 150 euros por persona y 300 por empresa y todos los acusados “tenían conocimiento de que estaban obteniendo y facilitando datos reservados obrantes en bases de datos de acceso restringido”.
En otra de las piezas separadas de la investigación de “Pitiusa”, la Fiscalía pide penas de hasta cien años de cárcel para una trama de detectives y empleados de compañías telefónicas acusados de traficar con datos personales de esas empresas.
Concretamente, el ministerio público solicita 100 años para uno de los detectives acusados, otros 36 para otro, 44 para una empleada de la empresa France Telecom-Orange y 4 para un trabajador de Movistar.
EFE
