Infidelidades, bajas fingidas y denuncias falsas copan la mayor parte de los encargos realizados a los detectives privados, que cobran entre 800 y 1.200 euros por una semana de seguimiento
Su imagen está ligada al humo de una pipa, gabardinas largas y sombreros oscuros, pero la realidad de los detectives privados dista, y de qué manera, del retrato romántico fijado por el cine negro. Aunque el imaginario colectivo los dibuja resolviendo secuestros a partir de una caja de cerillas o esquivando las tretas de una femme fatale, la rutina de estos investigadores pasa por elaborar informes interminables y declarar como testigos en procesos judiciales. Su mayor fuente de trabajo proviene de las mutuas laborales y las compañías de seguro, que los contratan para resolver fraudes, pero sus indagaciones pueden ser de utilidad en numerosos casos, al alcance de casi cualquier ciudadano.
Aunque el precio varía según el tiempo que requiera la investigación, contratar a un detective privado durante una semana puede tener un coste de entre 800 y 1.200 euros, un desembolso importante pero rentable si tenemos en cuenta los posibles efectos de sus averiguaciones. Los casos más recurrentes están relacionados con bajas fingidas, infidelidades, denuncias falsas o delitos societarios. Los investigadores defienden su labor social, aunque algunas voces críticas siguen considerando que su contratación resulta una medida extrema que, en algunos casos, como los referidos a padres que ordenan seguir a sus hijos ante la sospecha de que consumen drogas o están mal relacionados, evidencia una tendencia controladora y un fracaso en el diálogo y la resolución de conflictos personales.
Los casos de corrupción destapados en los últimos años en la Costa del Sol han aumentado el trabajo de los detectives privados, con frecuencia contratados por la parte acusada para recabar pruebas en su defensa. Es el caso de la agencia Dea Detectives, que participó de forma activa en casos como Malaya o Ballena Blanca. Aunque con menor asiduidad, también las administraciones públicas recurren a este tipo de servicios, como el Ayuntamiento de Torremolinos, que contrató a un investigador para seguir al exjefe de Bomberos después de que algunos subordinados lo acusaran de absentismo laboral. Este periódico ha contactado con el detective que realizó el seguimiento, que responde a las iniciales J. R.
En septiembre del año pasado, el detective privado pasó cerca de dos semanas tras la pista del entonces jefe de Bomberos de Torremolinos. Según su declaración, comprobó que, una hora después de llegar al parque, el funcionario “se ausentaba del trabajo y se dedicaba a hacer reparaciones de fontanería a domicilio, siempre en vehículo oficial, del que tapaba el anagrama del Ayuntamiento”. La investigación fue encargada por el anterior alcalde, Pedro Fernández Montes, y desembocó en una suspensión de empleo y sueldo durante un año, medida tomada por el actual equipo de gobierno, aunque el trabajador recurrió la resolución administrativa por vía judicial y el caso permanece abierto.
El proceso para contratar a un detective privado es relativamente sencillo, aunque conviene cerciorarse de que la persona contactada tiene la formación requerida por el Ministerio del Interior, en concreto títulos de Criminología y Ciencias de la Seguridad. Por lo general, el detective privado estudia el caso un par de días antes de presentar un presupuesto. Muchos de ellos, como J. R., solicitan el pago adelantado del cincuenta por ciento: “Es una forma de evitar que el cliente no pague si no la investigación concluye algo que contradice su idea preconcebida”. Las pruebas obtenidas podrán ser presentadas en posibles demandas civiles o laborales y en los contratos debe figurar que el detective se compromete a declarar como testigo. Finalizado el caso, los clientes reciben un informe detallado dividido en tres partes: seguimiento, fotografía y vídeos si son necesarios y conclusiones. “El informe final es totalmente imparcial, sin valoraciones personales”, asegura J. R, que afirma declarar cada año en más de 70 juicios.
En Málaga, el repertorio de casos no cambia mucho respecto a otras grandes ciudades españolas. En el campo privado han aumentado los encargos relacionados con la modificación de medidas impuestas en los divorcios. Los detectives investigan si uno de los excónyuges dice no estar trabajando para evitar pasar la pensión y, en realidad, lo hace en negro, o si en la casa familiar convive una tercera persona pese a que sea incompatible con el acuerdo alcanzado entre las partes. En el terreno profesional, las mutuas han dejado de recibir las subvenciones para investigar posibles fraudes: “La crisis también nos ha afectado”. El absentismo laboral continúa siendo el gran reclamo, pero ha crecido el número de encargos para encontrar a gente que no paga su alquiler o que mantiene deudas y está ilocalizable.
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ALBERTO GÓMEZ | TORREMOLINOS
