Tres sacerdotes y un maestro en prisión por las mentiras de un exmonaguillo

Tres sacerdotes y un maestro en prisión por las mentiras de un exmonaguillo

El detective que realizó la investigación del fiscal de distrito de Filadelfia sobre las denuncias de Gallagher también manifestó tener serias dudas.

El joven Daniel Gallagher demandó a los religiosos y al profesor por presuntos abusos sexuales y acabaron en la cárcel. Tras varios informes posteriores, se descubrió que el joven mintió.

Newsweek acaba de destapar la historia del testimonio falso de un ex monaguillo, que en el furor del escándalo de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica en los Estados Unidos, no dudó inventarse su propio drama.

En el año 2011, Daniel Gallagher, afirmó en que había sido violado en repetidas ocasiones por dos sacerdotes y un profesor, mientras estudiaba quinto y sexto grado en la parroquia de San Jerónimo en Filadelfia (EE UU). Sin embargo, las evaluaciones psiquiátricas realizadas posteriormente determinaron que el joven mintió.

El testimonio de este ex monaguillo, que en aquel momento tenía 22 años, supuso que los tres acusados fueran condenados por presuntos abusos sexuales. Además de ellos, acusó a Monseñor William Lynn, ex vicario para el clero de la Archidiócesis de Filadelfia, ya que le habló de los presuntos abusos que sufrió por parte de los sacerdotes y el profesor.

Era la primera vez que un administrador de la Iglesia Católica, el ex vicario para el clero de la Archidiócesis de Filadelfia, Lynn, y los presuntos agresores, eran declarados culpables por este cargo.

El denunciante recibió una indemnización de unos cinco millones de dólares

La demanda civil que presentó contra la Arquidiócesis de la ciudad y los presuntos agresores supuso que Gallagher, apodado como ‘Billy Doe’, recibiera una indemnización de aproximadamente 5 millones de dólares, según ha señalado Newsweek.

Uno de los sacerdotes y el maestro continúan en prisión desde 2013. El padre Engelhardt falleció en noviembre de 2014, después de que se le negara una operación de corazón que le habría salvado la vida.

Gallagher llevó injustamente a la cárcel a los sacerdotes

Los miembros de la orden religiosa los Oblatos de San Francisco de Sales, a la que pertenecía el sacerdote fallecido, pagaron los servicios de un psiquiatra forense para conseguir exculpar a su hermano. El informe que presentó el doctor reveló que el joven había mentido y él mismo admitió haber proporcionado “datos poco fiables”.

Tras una revisión exhaustiva de la historia clínica de Gallagher se descubrió que el joven de consumía y traficaba heroína.Además había sido expulsado de dos escuelas secundarias y había entrado y salido de 23 centros de rehabilitación de drogas en un período de 10 años.

El investigador detectó que ‘Billy Doe’ había presentado al menos nueve versiones diferentes del caso

Además había estado detenido seis veces por cargos de drogas y un robo menor, incluyendo un cargo por posesión e intento de distribución de 56 bolsas de heroína. El doctor agregó también que había mentido sobre los servicios médicos que había recibido y por tanto, dijo que no era “posible concluir con un grado razonable de certeza psiquiátrica o psicológica que el Sr. Gallagher fue abusado sexualmente cuando era niño”.

Nueve contradicciones en la historia que contó

El detective que realizó la investigación del fiscal de distrito de Filadelfia sobre las denuncias de Gallagher también manifestó tener serias dudas sobre la historia que Gallagher contó. El investigador detectó que ‘Billy Doe’ había presentado al menos nueve versiones diferentes del caso. 

El detective tachó de “cuentos inverosímiles” la historia de Gallagher y explicó que había numerosas razones para creer que el joven mentía de forma recurrente. Para ello, utilizó información del colegio y sus registros médicos para refutar las numerosas denuncias de lesiones físicas y psíquicas que había hecho en los últimos años.

El caso en la revista Rolling Stone

La historia de «Billy Doe» atrajó la atención de la escritora de la revista Rolling Stone, Sabrina Rubin Erdely. La periodista acusó en varias ocasiones a los presuntos agresores en un artículo llamado ‘The Catholic Church’s Secret Sex-Crime Files’ (Los archivos de los crímenes sexuales secretos de la Iglesia Católica’) y calificó a Gallagher como un “dulce y amable niño con buena apariencia juvenil”.

Es curioso que el caso lo publicó la misma periodista que más tarde escribió sobre ‘Jackie’, una estudiante de la Universidad de Virginia, que también afirmó haber sido violada por siete hombres en una fiesta. Poco después, se supo que la historia había sido un engaño de la joven ‘Jackie’.

La revista Rolling Stone tuvo que retractarse y ahora afronta dos demandas por difamación.

Joana Ortiz Fernández

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Fiscal pide 174 años para un funcionario de la SS por vender datos privados

Fiscal pide 174 años para un funcionario de la SS por vender datos privados

La Fiscalía pide 174 años de cárcel para un funcionario de la Seguridad Social en Barcelona y cinco años y medio para otro funcionario del Servicio del Catastro, acusados de vender historiales laborales a una detective que posteriormente los comercializaba a terceros.

En su escrito de acusación, la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto pide también una condena de 187 años de cárcel para un jubilado que ejercía de intermediario en la compraventa de los datos personales, por los que supuestamente se pagaban entre 50 y 100 euros.

Los dos funcionarios, el intermediario y una detective que supuestamente adquiría los historiales, personalmente o a través de su despacho, permanecen imputados en una de las piezas derivadas de “Pitiusa”, la operación policial que en 2012 desmanteló una red dedicada a la compraventa de datos personales en toda España.

Según mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación, que ha avanzado hoy El Periódico de Catalunya, entre enero de 2011 y mayo de 2012 el intermediario Tomás R. se dedicó a traficar con datos de la Seguridad Social y del Catastro de Barcelona que obtenía gracias a sus contactos en esos organismos.

Entre esos contactos, añade la fiscal, figuraba el funcionario de la Tesorería de la Seguridad José Alfonso G.R., que supuestamente cobraba por facilitar al intermediario información relativa a la vida laboral y la afiliación a la Seguridad Social de las personas que este le solicitaba.

Otro de los contactos con los que presuntamente Tomás R. lograba datos sobre titularidad de bienes inmuebles es Marc D., funcionario del Catastro de Barcelona, quien según la Fiscalía también los entregaba al intermediario a cambio de una contraprestación económica.

Para Sara D., la detective que supuestamente compraba los datos reservados, que después transmitía a terceras personas con las que mantenía una relación profesional, la Fiscalía pide una condena de 68 años de cárcel.

Según la Fiscalía, el precio de la información obtenida ilícitamente era de 150 euros por persona y 300 por empresa y todos los acusados “tenían conocimiento de que estaban obteniendo y facilitando datos reservados obrantes en bases de datos de acceso restringido”.

En otra de las piezas separadas de la investigación de “Pitiusa”, la Fiscalía pide penas de hasta cien años de cárcel para una trama de detectives y empleados de compañías telefónicas acusados de traficar con datos personales de esas empresas.

Concretamente, el ministerio público solicita 100 años para uno de los detectives acusados, otros 36 para otro, 44 para una empleada de la empresa France Telecom-Orange y 4 para un trabajador de Movistar.

EFE

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